La Protección de Datos de Carácter Personal

Se definen como “datos personales” toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»).

Se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.

La protección de datos personales nació en España, con el desarrollo de las nuevas tecnologías en concreto con la aprobación de la LORTAD en el año 1992, con la finalidad de salvaguardar el derecho a la intimidad  y privacidad  de los datos personales de los ciudadanos españoles, por ello cada vez se ha hecho más necesario contar con un Abogado especialista en Protección de Datos Personales.

El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

• a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;
  
• b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
  
• c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;
  
• d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;
  
• e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;
  
• f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
  

Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales.

Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo.

No será vinculante ninguna parte de la declaración que constituya infracción del presente Reglamento.

El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.

Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo.

Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta en la mayor medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos personales que no son necesarios para la ejecución de dicho contrato.

Para ello, en la propia Ley Orgánica de Protección de Datos y su reglamento, se señalan en que casos las empresas y autónomos, deben adaptar sus ficheros a la Ley de Protección de Datos, y los niveles de seguridad que deben tener, en función de los datos contenidos en los citados ficheros, estableciéndose tres Niveles de seguridad, Bajo, Medio y Alto.

Dichos niveles de seguridad dependerán de si se tiene, por parte de la empresa, ficheros con campos como nombre y apellidos únicamente o también se dispone de datos de salud, por ejemplo, en cuyo caso, se deben de tomar unas u otras medidas de seguridad y seguir un determinado protocolo de protección de datos.

Igualmente, el cumplimiento de todos los planteamientos que realiza la Ley con el protocolo de adaptación a la Ley de Protección de Datos y en su caso, posterior Auditoria, requiere que empresas pequeñas (pymes), autónomos y profesionales, no suficientemente informados, se encuentren con una inspección de la Agencia de Protección de Datos, y posteriormente con una sanción de dicha Agencia, sanción que, como todo procedimiento sancionador, puede ser impugnada en vía administrativa, mediante el recurso de reposición correspondiente y posteriormente por vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional.